Después de la difusión mediática de un caso de racismo y discriminación hacia una mujer de escasos recursos en la región sur de La Paz, analistas expresaron su preocupación por que el Gobierno, a diferentes niveles, usaron el caso para desviar la atención de graves asuntos como las denuncias de corrupción en altos cargos y para promover la proselitismo.
Un magistrado de La Paz ordenó arresto domiciliario, estableció arraigo y estableció una fianza de Bs 35.000 contra Hugo Osvaldo E. G. por agredir verbalmente a la mujer mientras recolectaba tunas en la Meseta de Achumani.
El mandatario estatal, Luis Arce, condenó el suceso como una manifestación «desagradable» de racismo y discriminación.
Según Cecilia Gonzáles, columnista de Brújula Digital, este caso “fue el deleite para montar una distracción más y tratar de negar el aumento de precios en la mayor parte de alimentos y servicios».
Gonzáles subrayó que, pese a que es claro que los precios se incrementan, «hay autoridades que insisten en que todo sigue normal”.
En su criterio, el caso “fue el ideal para victimizar a la señora que ni siquiera buscaba eso y se aplicó una sanción desmedida” en contra de acusado.
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