La vocal de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, fue aprehendida este lunes en el marco de una investigación por su presunta participación en un consorcio judicial que buscaba la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
El caso, que también involucra al exministro de Justicia, César Siles, ha generado gran controversia debido a las evidencias de chats y grabaciones que revelan una posible manipulación judicial.
El caso se destapó tras la difusión de una grabación entre Siles y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien habría ejecutado la destitución de Coaquira.
Según reportes, Castro instruyó a Lea Plaza en chats sobre los argumentos jurídicos para justificar el fallo, lo que la posiciona como una figura central en esta red, según el abogado Eduardo León, quien calificó a Castro como “la cabecilla” del consorcio.
Un historial de controversias
Claudia Castro no es ajena a la polémica. Su trayectoria judicial ha estado marcada por decisiones que, en varios casos, han beneficiado a figuras vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS). En diciembre de 2020, en menos de un mes, emitió fallos a favor de Evo Morales y exministros como Juan Ramón Quintana y Nemesia Achacollo. Entre estos, levantó la orden de aprehensión contra Quintana, asilado en la embajada de México desde 2019, por supuestos errores procesales, argumentando vulneración al debido proceso. También anuló el proceso por fraude electoral contra Morales, declarando fundada una excepción de prejudicialidad.
Castro también ordenó una nueva audiencia para Faustino Yucra, acusado de terrorismo por presuntamente coordinar con Morales un cerco a ciudades en 2019, al considerar que no tuvo defensa técnica adecuada.
En otro caso, cesó la detención domiciliaria de Achacollo, implicada en el desfalco del Fondo Indígena, justificando que no había acusación formal tras el tiempo transcurrido.
En 2021, Castro revocó la incompetencia declarada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto y dispuso el inicio de un juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez y 17 exautoridades por el caso Senkata de 2019.
Áñez pidió a Castro que se abstuviera, acusándola de falta de imparcialidad, pero la vocal ratificó su decisión, desestimando la solicitud.
Sanciones y denuncias previas
El historial de Castro incluye sanciones y denuncias. En 2018, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados la suspendió por un año por haber actuado como fiscal y luego como abogada de la misma persona, lo que constituye un conflicto de interés. Ese mismo año, fue denunciada por retener a una periodista en su despacho durante 40 minutos, exigiéndole borrar imágenes relacionadas con el caso del desfalco del Banco Unión.
En 2024, Castro postuló al Consejo de la Magistratura, pero su candidatura fue impugnada debido a múltiples denuncias, incluyendo irregularidades en los documentos presentados y su aparente afinidad con el oficialismo en decisiones judiciales, según actores de la oposición.
Reacciones
El TSJ ha denunciado este caso como un intento de “golpe al Órgano Judicial y a la democracia”, señalando a Siles y a Castro como coordinadores de una red que buscaba desestabilizar a magistrados electos. Desde Sucre, el presidente del TSJ advirtió que el Ministerio Público realiza operativos para desmantelar este consorcio, que también habría planeado ataques contra el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Siles, por su parte, emitió un comunicado asegurando que el audio que lo implica fue manipulado, aunque no negó que la voz sea suya. Mientras tanto, la aprehensión de Castro ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en Bolivia, con sectores opositores denunciando su cercanía al MAS y su historial de fallos controversiales.
La investigación sigue en curso, y el caso promete nuevas revelaciones sobre las redes de influencia en el sistema judicial boliviano.
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