Desde su detención preventiva, el expresidente Luis Arce solicitó formalmente ampliar la investigación del caso Sebastián Marset al período del gobierno de Evo Morales (2006-2019), argumentando que cualquier protección o encubrimiento al narcotraficante uruguayo debe ser indagada “caiga quien caiga” para garantizar objetividad y transparencia en el proceso judicial.
Según confirmó su abogado defensor en declaraciones a medios como ERBOL y Correo del Sur este sábado, Arce presentó el pedido a través de sus representantes legales ante la Fiscalía General del Estado.
“El exmandatario solicita que se haga también una investigación prolija respecto al gobierno anterior, en el marco de la objetividad y sin sesgos políticos”, citó el letrado, enfatizando que la red de Marset operó en Bolivia durante años previos a la gestión de Arce (2020-2025).
El fugitivo uruguayo fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz, donde residía con identidades falsas desde al menos 2022, período que abarca tanto el final del mandato de Morales como el de Arce.
El caso Marset, que vincula al narco con rutas de cocaína hacia Europa y posibles vínculos con estructuras estatales bolivianas, ha generado un escándalo que el actual gobierno de Rodrigo Paz utiliza para cuestionar la gestión anterior del MAS.
Arce, preso desde diciembre de 2025 por corrupción en el Fondo Indígena (cuando fue ministro de Economía bajo Morales), busca equilibrar la balanza: “Si se investiga a mi gobierno como supuesto encubridor, debe hacerse lo mismo con el de Evo Morales”, habría argumentado su defensa, según fuentes cercanas.
El impacto geopolítico es significativo: profundiza la fractura en el MAS tras la ruptura entre Arce y Morales, debilita la narrativa oficialista histórica y fortalece las comisiones anticorrupción impulsadas por Paz, que ya investigan hidrocarburos y otros fondos durante los 19 años de dominio masista.
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