La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda La Fuente Fernández, interpuso una demanda de asistencia familiar contra el presidente Luis Arce ante un Juzgado de Familia en Cochabamba, este miércoles 18 de septiembre de 2025.
En el documento judicial, La Fuente detalla que el costo mensual para el cuidado de su bebé, nacido prematuro en noviembre de 2024, asciende a Bs. 16.000, incluyendo el pago de una niñera, y exige una manutención no inferior a Bs. 8.367 al mes, argumentando la exclusividad en la crianza del menor.
La denuncia, que se suma a la demanda penal por abandono de mujer embarazada presentada el 25 de julio de 2024, incluye una acusación grave: “Por instrucciones expresas del padre de mi hijo, ninguna persona puede contratarme ya sea en el sector público o privado, situación que agrava aún más mi capacidad de solventar de manera exclusiva todos los gastos que su cuidado requiere”.
La Fuente alega que Arce, con quien mantuvo una relación sentimental iniciada en 2023, ha utilizado su influencia para bloquear sus oportunidades laborales, obligándola a vender ropa por internet para subsistir.
En la demanda, la abogada cochabambina de 32 años describe un embarazo de alto riesgo, con dos amenazas de aborto atribuidas al estrés por el abandono, y enfatiza que el bebé nació con bajo peso y requiere atención especializada.
“No he recibido un peso de apoyo económico hasta la fecha, a pesar de múltiples intentos de contacto que han sido bloqueados”, relató La Fuente en su entrevista con John Arandia el 15 de septiembre, donde exigió que Arce reconozca la paternidad.
El abogado de la denunciante, Patricio Vargas, confirmó que el proceso civil busca garantizar el bienestar del menor, y que se solicitó una prueba de ADN para confirmar la paternidad, suspendida el 12 de septiembre para recolectar más evidencia.
Arce se presentó espontáneamente en la Fiscalía de Cochabamba el 16 de septiembre, pero se abstuvo de declarar, afirmando que se defenderá con abogados particulares por tratarse de un “tema personal”.
El caso, en etapa de investigación y en reserva a pedido de La Fuente, incluye cargos por violencia intrafamiliar, doméstica y económica, con una pena potencial de hasta tres años de prisión por abandono.
El escándalo, que estalló en los últimos meses de la gestión de Arce —quien dejará el cargo en noviembre tras declinar su candidatura—, ha generado un intenso debate en redes sociales y medios, cuestionando el uso de poder público en asuntos privados.
La Fuente, quien dirigió la AJAM entre 2021 y 2022, reitera su desilusión: “Creí que asumiría su responsabilidad, pero me negó todo”.
El Juzgado de Familia evaluará la demanda en las próximas audiencias, priorizando el interés superior del niño. Mientras, el presidente Arce, en un contacto con la prensa el 8 de septiembre, reiteró que responderá legalmente una vez notificado.
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