Una nueva controversia sacude al sistema financiero boliviano. Daniela B. G., funcionaria del Banco Unión, fue enviada con detención preventiva al penal de Cantumarca, en Potosí, acusada de la presunta apropiación indebida de más de 140.000 bolivianos de la cuenta de una cliente, según informó el Ministerio Público el 8 de septiembre de 2025.
El caso, que pone en evidencia posibles vulnerabilidades en los controles internos de la entidad, ha generado preocupación entre los clientes y la opinión pública.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía de Potosí, Daniela B. G. habría utilizado la aplicación Unimóvil para realizar transacciones no autorizadas, sustrayendo los fondos de una cuenta bancaria.
La irregularidad fue detectada tras la denuncia de la afectada, quien notó movimientos sospechosos en su cuenta. Por el momento, las autoridades han identificado a una sola víctima, pero no descartan que el número de afectados pueda aumentar conforme avancen las pesquisas.
El fiscal departamental, Cristian Soria, señaló que la investigación se encuentra en una fase inicial. Actualmente, se realiza un peritaje informático para rastrear los movimientos realizados desde la cuenta comprometida. Además, se convocará a otros funcionarios del Banco Unión para determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad que facilitaron el ilícito.
“Estamos investigando cómo operó la funcionaria y si contó con cómplices dentro o fuera de la entidad”, afirmó Soria.
Por su parte, el Banco Unión emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la transparencia y la protección de los ahorros de sus clientes. La entidad aseguró que colabora activamente con la Fiscalía y que, de confirmarse la responsabilidad de Daniela B. G., tomará todas las medidas legales correspondientes.
Asimismo, anunció una revisión de sus protocolos de seguridad para prevenir futuros incidentes. “Estamos trabajando para garantizar que este tipo de hechos no se repitan”, indicó el banco.
Este caso se suma a una serie de escándalos financieros que han afectado al Banco Unión en los últimos años, como el desfalco de 37,6 millones de bolivianos en 2017, liderado por Juan Franz Pari, o el caso de 1,6 millones de bolivianos en Desaguadero en 2018.
Estos antecedentes han renovado las críticas sobre la seguridad de los sistemas financieros y la necesidad de fortalecer los controles internos.La detención preventiva de Daniela B. G. marca el inicio de un proceso que buscará esclarecer las circunstancias del presunto delito y determinar si existen más implicados.
Mientras tanto, el caso refuerza la importancia de implementar medidas robustas para proteger los fondos de los clientes y restaurar la confianza en el sistema bancario boliviano.
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