El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que las investigaciones por el caso “Saracho Fest”, ocurrido el 21 de septiembre en la Unidad Educativa Juan Misael Saracho, han revelado irregularidades graves que desencadenaron una avalancha humana con un saldo trágico de dos jóvenes fallecidas.
Durante una inspección ocular realizada en el establecimiento educativo, se confirmó que el aforo máximo del lugar es de 500 personas, pero se habrían vendido aproximadamente 4.000 entradas, lo que provocó una aglomeración descontrolada.
El fiscal de materia, Alex Vargas, detalló que la diligencia permitió recolectar nuevos elementos de prueba, incluyendo evidencias de la masiva comercialización de boletos.
Además, señaló que ya se han citado a varias personas para declarar y se convocará a entre 12 y 15 personas adicionales en los próximos días, incluyendo padres de familia y miembros del comité organizador implicados en la distribución y venta de entradas.
“Se evidenció que se excedió significativamente la capacidad del lugar, lo que constituye un factor clave en la tragedia”, afirmó Vargas.
La investigación también puso en evidencia la ausencia de medidas básicas de seguridad durante el evento.
No se contó con ambulancias, personal médico ni un equipo suficiente de resguardo, lo que puso en riesgo la integridad física de los miles de asistentes, en su mayoría jóvenes estudiantes.
Asimismo, se comprobó que la directora y parte del plantel administrativo del colegio tenían conocimiento de la actividad y de la sobreventa de entradas, un aspecto que la Fiscalía considera crucial para determinar responsabilidades.
El “Saracho Fest”, organizado para celebrar el Día del Estudiante, derivó en dos avalanchas, una en la entrada, donde una baranda metálica cedió bajo la presión de la multitud, y otra al interior del recinto.
Las víctimas fatales fueron Iris Alejandra, de 18 años, quien murió por asfixia por compresión torácica, y María René, de 16 años, quien falleció días después tras una descompensación en el Hospital Obrero.
El Fiscal Departamental, Aldo Morales, enfatizó que no se descartan nuevas aprehensiones ni citaciones a otras personas vinculadas con la organización del evento, incluyendo posibles funcionarios municipales que otorgaron permisos irregulares.
“La Fiscalía General del Estado está comprometida con esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la ley”, aseguró Morales.
Las investigaciones avanzan para determinar el alcance de las negligencias y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
Esta tragedia ha generado indignación en Oruro y ha reavivado el debate sobre la regulación de eventos masivos, especialmente aquellos dirigidos a jóvenes, exigiendo mayor responsabilidad de las autoridades educativas y municipales.
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