El excoronel Maximiliano Dávila Pérez, quien dirigió la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) durante el gobierno de Evo Morales, fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por conspirar para importar grandes cantidades de cocaína y por delitos relacionados con armas de fuego.
La sentencia, dictada el 20 de marzo por la jueza federal Denise L. Cote en el Distrito Sur de Nueva York, cierra un caso que expuso la infiltración del narcotráfico en las más altas esferas de la lucha antidrogas boliviana.
Dávila Pérez, de 62 años y conocido como “Macho”, fue extraditado de Bolivia en diciembre de 2024 tras su detención en enero de 2022 en Villazón por vínculos con el tráfico de drogas y legitimación de ganancias ilícitas.
Un jurado federal lo declaró culpable el 23 de octubre de 2025 tras un juicio de una semana, basado en evidencias recolectadas por la DEA que incluyeron grabaciones secretas y testimonios de cooperadores.
Según el fiscal Jay Clayton, “Maximiliano Dávila Pérez, como máximo responsable antinarcóticos de Bolivia, ostentaba un poder extraordinario y optó por abusar de él para apoyar a los mismos narcotraficantes que juró investigar, todo para enviar enormes cantidades de cocaína a Nueva York”.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, agregó que Dávila “convirtió su oficina en una organización criminal”, desviando operativos policiales, proporcionando escoltas armados en aeropuertos y facilitando el traslado de más de una tonelada de cocaína con destino a Estados Unidos, incluyendo envíos probados vía Perú y República Dominicana.
El caso revela un impacto geopolítico profundo: erosiona la credibilidad de las instituciones bolivianas en la lucha antidrogas y fortalece la cooperación judicial entre Bolivia y EE.UU., aunque genera cuestionamientos internos sobre conexiones políticas durante la era Morales.
Diputados opositores exigen ahora investigar a otras exautoridades involucradas en posibles redes similares.
Económicamente, la protección de cargamentos por parte de un alto funcionario facilitó flujos millonarios en ganancias ilícitas que desestabilizaron mercados regionales.
La condena representa un golpe simbólico contra la corrupción en agencias de seguridad y un mensaje disuasorio en la región, donde el narcotráfico ha penetrado estructuras estatales. Dávila, detenido desde 2022, cumplirá su pena en una prisión federal estadounidense.
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