Una historia que parece sacada de una novela, sacude al sistema judicial: Jeannette Bejarano Vargas, de 48 años, sentenciada a 30 años de prisión sin indulto por el asesinato de su esposo, un sargento de la Fuerza Aérea, fue recapturada este domingo mientras bailaba morenada en una entrada folclórica de la zona sur de La Paz, junto al juez de ejecución de sentencia Ángel René S. C., señalado como padre de su hija.
El caso remonta a 2006, cuando Bejarano Vargas disparó contra su pareja, Ariel Conde, causándole la muerte. Tras años de proceso, la Justicia la condenó a tres décadas de cárcel en 2014, ratificada posteriormente.
Cumplió solo ocho años tras las rejas.
En 2015 obtuvo detención domiciliaria alegando un embarazo, y en 2021 desapareció presentando certificados médicos de una supuesta enfermedad oncológica que nunca fue validada por pericias forenses, convirtiéndose en prófuga.
La noche del domingo, efectivos de la FELCC la identificaron en plena vía pública, vestida de pollera y consumiendo bebidas alcohólicas durante la fiesta folclórica. Allegados intentaron sacarla del lugar cambiándole la ropa y metiéndola en un vehículo.
El juez Ángel René S. C., presente en el sitio, encaró a los policías, cuestionó el procedimiento y amenazó con acciones legales, permitiendo una retirada momentánea.
Horas después, la Policía allanó su domicilio y la recapturó, trasladándola de inmediato a la cárcel de mujeres de Miraflores, donde deberá cumplir la condena pendiente.
“Es un mandamiento de condena de 30 años de privación de libertad por el delito de asesinato. La mujer fue buscada mediante allanamientos en distintos domicilios y se logró dar con su paradero”, declaró el capitán César Fernández Villarroel, jefe de la División Manejo y Control de Crisis de la FELCC.
El abogado de la familia de la víctima exigió que el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura actúen de oficio ante indicios de encubrimiento y favorecimiento judicial.
El padre del militar asesinado expresó su indignación: “Solo cumplió ocho años en prisión gracias a irregularidades. Exigimos que se cumpla la sentencia completa y que se investigue a quienes la protegieron”. El juez negó vínculos actuales, aunque documentos oficiales y el certificado de nacimiento de la hija lo señalan como padre.
Este caso expone las profundas fallas en el sistema de ejecución penal boliviano, donde redes de operadores de justicia habrían permitido que una condenada por asesinato viviera libre durante años, incluso participando en eventos públicos con figuras del Órgano Judicial.
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