En un desenlace que profundiza el dolor en la comunidad orureña, el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó el fallecimiento de María René, de 16 años, segunda víctima fatal de la avalancha humana ocurrida el 21 de septiembre durante el festival escolar «Saracho Fest» en el Colegio Juan Misael Saracho. La adolescente, prima de la primera víctima Iris Alejandra (de 18 años), se encontraba internada en la unidad de terapia intermedia del Hospital Obrero, donde mostró una leve mejoría inicial antes de sufrir una descompensación fatal que derivó en su deceso por muerte súbita, a pesar de los esfuerzos de reanimación.
«El Ministerio Público está realizando las investigaciones pertinentes y se realizará una autopsia para establecer la causa real del fallecimiento», señaló Morales en entrevista con Bolivia TV, subrayando el compromiso de esclarecer los hechos con rigor.
Este trágico suceso eleva a dos el número de víctimas mortales y podría agravar las responsabilidades jurídicas de los implicados, al configurarse un escenario de homicidio culposo y lesiones graves por omisión de medidas de seguridad.
Antecedentes del suceso
El «Saracho Fest«, un evento organizado para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, se realizó la noche del 21 de septiembre en el Colegio Juan Misael Saracho de Oruro.
La fiesta, que contó con la presentación del grupo de cumbia Sangre Cumbiera, derivó en dos avalanchas humanas sucesivas: la primera en la puerta de ingreso, donde una baranda metálica cedió bajo la presión de la multitud y aplastó a las víctimas; y la segunda al interior del establecimiento, presuntamente desencadenada cuando el vocalista Percy Ríos se lanzó sobre el público, exacerbando el caos.
La primera víctima, Iris Alejandra (identificada también como I.A.G.N., estudiante de Derecho en la Universidad Domingo Savio), falleció en el lugar por asfixia por compresión torácica, según la autopsia.
María René, oriunda de Huanuni al igual que su prima, resultó gravemente herida en el mismo incidente y luchó por su vida durante cuatro días en el hospital.
Además de las dos muertes, el evento dejó varios heridos, destacando la sobreventa de boletos, la falta de controles de capacidad y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas, como revelan las indagaciones preliminares.
Ampliación de la investigación
El fiscal Morales detalló que las pesquisas se han ampliado a múltiples frentes para identificar todas las responsabilidades. Se están citando a personeros del colegio, docentes, padres de familia y funcionarios de la Alcaldía de Oruro, quienes presuntamente otorgaron permisos irregulares para el evento, a pesar de que la Dirección Distrital de Educación había negado la autorización formal.
«Estimamos que con la ampliación también de ilícitos que se ha realizado, vamos a tener mayores elementos de convicción a efecto de poder imputar también a otras personas. No se descarta la aprehensión de nuevas personas en el presente caso», precisó la autoridad.
Ya se han procesado a la directora del colegio y al vocalista de Sangre Cumbiera por homicidio y lesiones culposas; ambos recibieron medidas sustitutivas como fianzas de 5.000 bolivianos y prohibición de salida del país, pero las investigaciones continúan.
Recientemente, el caso ha salpicado al alcalde Adhemar Wilcarani y a la concejal Anave, acusados de intervenir directamente en la emisión de permisos irregulares.
El Ministerio Público enfatiza que el foco está en desentrañar la cadena de negligencias que permitió un evento sin los debidos controles, excediendo la capacidad del lugar y sin autorización educativa.
Mientras tanto, la familia de las víctimas recibe apoyo: profesores del Saracho entregaron 2.000 bolivianos a la madre de María René, y la directora cubrió 16.000 bolivianos en gastos médicos.
Esta tragedia ha conmocionado a Oruro y reavivado el debate sobre la regulación de eventos juveniles, exigiendo mayor responsabilidad de las autoridades y organizadores para prevenir futuras catástrofes. El Ministerio Público avanza en las diligencias para garantizar justicia integral y evitar la impunidad.
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