En un operativo que generó conmoción en el aeropuerto Jorge Wilstermann, efectivos policiales detuvieron al exgerente de BoA Ronald Casso la noche de este miércoles.
Visiblemente esposado y acompañado de su abogado, fue trasladado de inmediato a la ciudad de La Paz para enfrentar cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según la Fiscalía, liderada por el fiscal Walter Lora, Casso habría autorizado la ruta Viru Viru–La Habana sin estudios técnicos suficientes de rentabilidad, operando aviones Boeing 737-800 con baja ocupación durante aproximadamente 40 vuelos. Esta decisión habría generado un perjuicio económico al Estado boliviano cercano a los Bs 18,4 millones, según la denuncia impulsada desde el Ministerio de la Presidencia.
“La investigación se centra en la falta de justificación técnica y económica para mantener esta ruta, que respondía más a motivos ideológicos que a criterios empresariales”, señaló una fuente fiscal consultada por Los Tiempos.
El exgerente, quien dirigió BoA en periodos clave de los gobiernos del MAS, fue aprehendido mientras se encontraba en Cochabamba.
Su abogado defensor argumentó que la ruta contaba con informes técnicos elaborados con antelación y que las decisiones fueron conocidas y aprobadas por el Directorio de la empresa. “El mercado es voluble y estas operaciones se realizaron bajo parámetros conocidos”, sostuvo el defensor ante los medios en el aeropuerto Wilstermann.
El caso “Vuelos a la Habana” pone bajo la lupa la gestión de la aerolínea estatal, que acumula cuestionamientos por ineficiencias y pérdidas.
Fuentes cercanas al Ministerio Público no descartan ampliar la investigación a otras autoridades, incluyendo exministros como Edgar Montaño, involucrados en la aprobación de rutas internacionales.
Casso fue conducido a celdas de la FELCC en La Paz, donde prestará declaración informativa. Se prevé su imputación formal y audiencia de medidas cautelares en las próximas horas. Este hecho marca un nuevo capítulo en las auditorías a empresas públicas y refuerza el compromiso del actual gobierno con la transparencia, según declaraciones oficiales.
Mientras tanto, la opinión pública en Santa Cruz y Cochabamba, principales hubs de BoA, exige claridad sobre el futuro de la aerolínea y responsabilidades en pérdidas millonarias que terminan afectando al bolsillo de los bolivianos.
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