La tensión social en Bolivia alcanzó un nuevo pico. La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó de manera tajante cualquier intento de desbloqueo de carreteras y ratificó su paro indefinido, exigiendo la salida del presidente Rodrigo Paz.
El ejecutivo minero Mario Argollo fue contundente al afirmar que el mandatario “tuvo seis meses para resolver la crisis económica y no lo hizo”, según reportó Correo del Sur.
“El Gobierno tuvo seis meses para resolver la crisis y rechaza intentos de desbloqueo”, resumió el líder obrero, quien además cuestionó las reformas anunciadas por el Ejecutivo.
La COB, junto a sectores campesinos y afines, mantiene decenas de puntos de bloqueo, especialmente en La Paz y El Alto, donde las protestas se han radicalizado. El objetivo central ya no es solo salarial: exigen la renuncia del presidente y el rechazo a lo que denominan “paquetazos” privatizadores.
Durante un ampliado, la COB firmó un acta de unidad con otras organizaciones y dejó claro que no se sentará a dialogar mientras Paz permanezca en el cargo.
“No firmaremos ningún acuerdo con este Gobierno”, sentenció Argollo.
Esta postura complica los esfuerzos del Ejecutivo por restablecer el paso vehicular y evitar mayores pérdidas, estimadas en decenas de millones de dólares diarios por el sector productivo.
El conflicto, que cumple más de nueve días en su fase más dura, se originó en demandas por incremento salarial, calidad de combustible, defensa de derechos laborales y rechazo a leyes agrarias.
Sin embargo, ha escalado hacia un cuestionamiento frontal a la gestión de Paz, quien asumió hace seis meses. Fuentes oficiales indicaron que el presidente sigue llamando al diálogo, pero la COB lo considera “inútil” en las actuales condiciones.
Analistas advierten que la prolongación de los bloqueos genera desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas, afectando especialmente a las familias más vulnerables.
Mientras tanto, el Ejecutivo prepara operativos de desbloqueo con apoyo policial, aunque con cautela para evitar enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo llamó a todas las partes a priorizar la vida y la economía de los bolivianos.
La posición intransigente de la COB marca un antes y un después en la relación con el Gobierno de Rodrigo Paz y abre interrogantes sobre la estabilidad política del país en las próximas semanas.
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